Socialismo Latinoamericano •
Izquierda Nacional
La expropiación de empresas del Grupo Techint que ha llevado adelante el gobierno de Hugo Chávez se convirtió, a poco de conocerse, en un episodio de la política interna argentina.
El diario La Nación, que junto a Clarín oficia de vocero principal de la ofensiva del establishment contra el kirchnerismo, se apresuró a trazar un paralelo entre los gobiernos venezolano y argentino. El editorialista Carlos Pagni escribió: “El avance oficial sobre la esfera privada ha sido en los últimos meses tan sistemático, que los principales empresarios del país miran hoy a la expropiación chavista como el espejo que podría adelantar la radicalización del estatismo local para después del 28 de junio”. Para que no queden dudas de la consecuencia práctica que debe seguirse de este análisis, Pagni concluye: “Siempre y cuando el gobierno conserve fuerza para encarar ese proceso, claro”.
No de otra cosa se tratan las elecciones del 28 de junio. Las “fuerzas vivas” de la Argentina semicolonial, cuyo pellejo contribuyó a salvar el kirchnerismo tras el Argentinazo de 2001, reclaman una “normalización” de la situación política que discipline a las fuerzas sociales potencialmente disruptivas ante la perspectiva de que se sientan los coletazos de la crisis financiera internacional y que el gobierno pueda no garantizar el mantenimiento del orden vigente.
El conflicto con la patronal agraria del año pasado significó la ruptura con el gobierno de los beneficiarios principales del modelo agroexportador. Esta ruptura, que contó con el acompañamiento de los sectores medios de las grandes ciudades portuarias (y de los pueblos rurales sojeros), pareció devolver la vida a la vieja partidocracia demoliberal, que se apresuró a capitalizarla. Ahora, en vísperas de los comicios legislativos, las estatizaciones de Chávez intentan ser políticamente utilizadas en la misma dirección.
Techint es un holding cuyas empresas tienen mayoría accionaria extranjera, por lo cual mal pueden ser consideradas empresas argentinas. No obstante ello, Joaquín Morales Solá, un hombre ligado a la embajada estadounidense, escribió que “no es cierto que los países no reaccionen cuando en el exterior se perjudica a sus empresas, como deslizan voceros del Gobierno. Basta para desmentir esta afirmación con recordar los ejemplos de los Estados Unidos, Francia, España o Brasil cuando se tocó aquí a sus empresas”.
Ciertamente, los gobiernos de los países imperialistas interceden por los intereses de sus propias burguesías fuera de sus fronteras. Pero este entrelazamiento entre intereses nacionales (imperialistas) y sociales (capitalistas) se explica por el hecho de que esas burguesías son el núcleo mismo de un desarrollo autocentrado que garantiza a esos países su lugar rector en la economía mundial. En los países semicoloniales como Argentina, la ausencia de una burguesía nacional con capacidad de conquistar porciones del mercado mundial exime a sus pretendidos representantes políticos de la necesidad de defender sus intereses más allá de las fronteras nacionales. De allí que la exigencia de Morales Solá signifique, en la práctica, convertir a los dirigentes políticos argentinos en comisionistas de grupos económicos que operan en nuestro suelo, que se disfrazan de argentinos para obtener subsidios y prerrogativas, pero que están trasnacionalizados desde hace décadas.
Todas las fuerzas partidocráticas opositoras al kirchnerismo están dispuestas a desempeñar el papel que reclama Morales Solá. El multimillonario Francisco de Narváez, por ejemplo, declaró que luchará contra “un atropello sobre lo privado”. Margarita Stolbizer, por su parte, agregó que “los negocios de los Kirchner con Chávez no pueden dejar desprotegidas a nuestras empresas”. De este modo, queda en evidencia su sintonía con las entidades corporativas de las clases dominantes. La Sociedad Rural, por boca de su titular Hugo Biolcatti, reclamó que “el Estado argentino ejerza con fuerza la defensa de un principio elemental para nuestra Nación como es la propiedad privada”. La UIA, por su parte, fue más lejos y exigió al gobierno argentino “rever la decisión de incorporar a Venezuela como miembro pleno” del Mercosur. En igual sentido se pronunciaron otras entidades patronales, como la Cámara Argentina de la Construcción, IDEA, la Cámara Argentina de Comercio, ABA (banqueros), CEMCI (medios de comunicación), etcétera.
Pero si el entramado de relaciones entre los monopolios de prensa, las entidades patronales y los políticos partidocráticos se explica a partir de la defensa común de un modelo de subordinación a las potencias imperialistas, ¿cómo explicar las voces que se han hecho escuchar desde el gobierno?
El jefe de Gabinete Sergio Massa, haciendo honor a su pasado de militante alsogaraysta, pontificó: “En la Argentina no hay lugar para estatizaciones”. La embajadora Alicia Castro, llegada al kirchnerismo desde una vereda opuesta a la de Massa, aclaró que “es incorrecto igualar al gobierno de Venezuela con el de Argentina”, asegurando que “el gobierno argentino está comprometido a defender el interés de la empresa argentina”. Más sorprendentes fueron las declaraciones de Hugo Moyano: “no comparto el hecho de estatizar empresas privadas porque no es la política que en su momewnto enseñó Perón”.
La pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿resulta posible enfrentar a la rosca oligárquico-imperialista, que chilla frente a las expropiaciones nacionalistas como un vampiro ante un crucifijo, adoptando su discurso liberal, antiestatista y antinacionalista? ¿Se puede avanzar retrocediendo? Los ideólogos kirchneristas aducirán posiblemente que si las fuerzas del statu quo reaccionan con energía ante el nacionalismo económico de un gobierno extranjero, ¿qué no estarían dispuestas a hacer si ese nacionalismo fuera el norte del gobierno argentino? La respuesta es que los gorilas argentinos harían lo mismo que hacen los escuálidos venezolanos: intentarían derrocar al gobierno. Pero una política que busca impedir los golpes del enemigo cediendo a sus exigencias no hace otra cosa que firmar la derrota sin presentar batalla. Tal es y ha sido siempre la conducta de los gobiernos de “centroizquierda” o de la pequeña burguesía “progresista”.
Es por esta razón que las fuerzas patrióticas y antiimperialistas no pueden autolimitarse a apoyar resignadamente el “mal menor” de un gobierno cuya receta para frenar la ofensiva de los sojeros, devaluadores y fondomonetaristas no es otra que la de conformar a los sojeros, a los devaluadores y a los fondomonetaristas. A las fuerzas de la contrarrevolución se las combate con las fuerzas de la revolución. Poner en movimiento a estas fuerzas mediante una política antiimperialista consecuente, de nacionalismo económico y emancipación social, es algo que sólo puede hacerlo una conducción que esté dispuesta a saltar las tranqueras ideológicas e institucionales del régimen partidocrático semicolonial. El kirchnerismo, expresión equívoca pero expresión al fin de ese mismo régimen, está destinado a frustrar las expectativas que se depositen en él.