Paremos a Macri

La plutocracia ha tomado el control del Estado argentino de forma ilegítima pero legal. A través de su operador, Magneto, logró colocar en la presidencia a Mauricio Chirolita Macri.

Guillermo Hamlin •  El blindaje mediático que protege a Macri de las múltiples denuncias y manifestaciones populares levantadas a lo ancho y a lo largo del país –ante los atropellos a los derechos de los trabajadores– que el desarrollo de su plan liberal provoca, intenta instalar como sentido común que “este es un gobierno que recién comienza, hay que dejarlo gobernar”, y “si al gobierno le va bien nos va a ir bien a todos”.

Desde luego que esto no es así: si al gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos le va bien, solamente a los ricos les va a ir bien. Todas las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno de Macri han sido a favor de las clases altas, de las empresas; ninguna ha favorecido a las clases bajas, a los trabajadores. Si tomamos solamente seis medidas, liberación del tipo de cambio (devaluación), eliminación de las retenciones, apertura de las importaciones, eliminación de los subsidios al consumo energético, desregulación financiera (créditos caros) y desregulación comercial (precios descuidados), los grupos empresarios concentrados ganan por goleada. Así podemos reinterpretar el objetivo de Macri de “pobreza cero”: los ricos 6, los pobres 0. Pero desde ya que el partido continúa.

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En el periódico Clarín del 30 de enero de 2016 se reconoce que hubo 6,000 despedidos en el Estado nacional, por supuesto que justificados por la supuesta condición de “ñoquis” y con el objetivo de reducción del gasto. Pero, según el “despidómetro” del canal de televisión C5N, el total a ese mismo día es de 55,000, guarismo que se obtiene sumando a los 6,000 del Estado nacional los despidos registrados en los municipios del Gran Buenos Aires, los registrados en los gobiernos provinciales y los 30,000 obreros de la construcción que han quedado sin trabajo debido a la paralización de todas las obras de infraestructura dependientes del gobierno nacional.

En el sector privado, hasta ahora y según la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) ha informado en el programa de C5N Economía política, conducido por Roberto Navarro, los despedidos son 23,000, que sumados a los 55,000 estatales dan un total de 78,000 a menos de dos meses de iniciado gobierno de Macri.

Este ejército de desocupados que se incrementa día a día presionará sobre el mercado laboral, siendo funcional a las intenciones del gobierno: poner techo a las paritarias, que los incrementos no superen el 20%, tal como sugieren distintos miembros del gobierno. De esta manera pretenden que la pérdida de poder adquisitivo que ya han experimentado los salarios, del orden de 40%, se consolide estructuralmente en una rebaja de los costos laborales expresados en dólares. Esta es una primera etapa, luego habrá otro ajuste sobre las tarifas del gas y un segundo aumento de tarifas eléctricas para abril próximo, que no será el último: se estima que en total el incremento tarifario eléctrico hacia fin de año triplicará el de enero.

Los incrementos tarifarios energéticos también recaerán en el aparato productivo industrial, el cual sufrirá un aumento de sus costos que necesariamente deberá trasladar a precios, con afectación a su competitividad en un contexto de apertura comercial. Esto presagia futuros despidos y posibles quebrantos empresarios en el sector pyme.

Un plan como éste sólo puede ejecutarse por medios represivos, como ha estado ocurriendo con compañeros de Cresta Roja baleados y como también sucedió con trabajadores estatales despedidos en La Plata. Por ahora las balas son de goma. También criminalizan la protesta, como en el caso de Milagro Sala en Jujuy, presa política.

Estos primeros pasos del gobierno tienen objetivos claros: disminuir el costo laboral para que las empresas que operan en el mercado interno tengan “mayor competitividad” en el plano global, y se pueda “volver a los mercados mundiales” y “reinsertar a la Argentina en el mundo”.

Esto significa, lisa y llanamente, volver a endeudarnos con los bancos extranjeros y ajustar a la Argentina a los monitoreos del FMI, por un lado, y por el otro, alinearse con la política de la Casa Blanca. Esto configura una restauración oligárquico-imperialista, volver al orden deseado por Washington en lo que ellos consideran su “patio trasero”, habiendo rechazado los países del Mercosur el ALCA y habiéndose acercado a China, Rusia e Irán.

Obama anunció la firma, tras cinco años de arduas negociaciones, de un Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TTP). Los países firmantes, además de los EE.UU., son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El presidente norteamericano señaló que “el TTP significa que Estados Unidos va a escribir las reglas del juego del siglo XXI”, y agregó que “si Estados Unidos no lo hace, otros países como China lo harán… lo que representaría una amenaza para los empleos de los estadounidenses”. Muy claro Obama; y como es lógico, piensa en los empleos de sus  conciudadanos.

El gobierno argentino se está preparando para ingresar a ese tratado de libre comercio. Lo ha dicho Macri, y Malcorra ya está dando los primeros pasos con el Departamento de Estado norteamericano en ese sentido. La cuestión es que este tratado está diseñado a pedir de boca de las empresas trasnacionales norteamericanas y japonesas. Los firmantes aceptan las normas de calidad y ambientales norteamericanas así como la vigencia de relaciones laborales tal como las necesitan las trasnacionales: los aumentos salariales, por ejemplo, no serán en paritarias donde los trabajadores intenten recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación; los aumentos salariales serán pactados por sector con base en el aumento de productividad.

Las trasnacionales desarrollan tecnologías y pretenden mantener el monopolio de su propiedad intelectual, que harán valer por medio de las patentes registradas. Olvidémonos del desarrollo de tecnología propia, olvidémonos de comprar medicamentos genéricos, regirá el orden transnacional.

El gobierno de Macri tiene por objetivo perpetrar esta entrega inédita y acepta estas condiciones impuestas por el orden trasnacional con agrado, puesto que “las condiciones favorables a los negocios… atraerán las inversiones de capitales extranjeros”. Desde luego que las inversiones ocurrirán en los sectores en que “el mercado” (el cártel de las trasnacionales) decida y no serán los prioritarios ni los convenientes para la Argentina.

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Los trabajadores debemos oponernos a este plan de entrega travestido de “revolución de la alegría”, “buena onda” y globos de colores. La cuestión es cómo. Tenemos un arma: las huelgas, las manifestaciones, los piquetes, que ya hemos comenzado pero debemos incrementar. Los dirigentes sindicales, salvo honrosas excepciones, no se ponen al frente de los reclamos, y los políticos –también con la salvedad de uno que otro– parecen estar de vacaciones. Los del Frente Renovador de Massa parecen más macristas que Macri, y los del FPV parecen aguardar las sesiones ordinarias del Congreso para plantear sus diferencias, adoptando una civilizada y republicana actitud de respeto a las instituciones, a diferencia de Macri, que no respeta y avanza a puro decreto hacia su meta.

Ante esta realidad sólo nos queda presionar a los dirigentes sindicales y a los políticos para que nos acompañen y salgamos al cruce al proyecto entreguista dirigido por Macri y los CEO de las trasnacionales; como se hizo en Chubut, cuando la resistencia es fuerte el gobierno retrocede.

¡NO A LOS DESPIDOS!

¡SÍ A LAS PARITARIAS SIN TECHO!

¡NO A LA REPRESIÓN!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!

¡EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO TRANSPACÍFICO AL CARAJO!

 

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