¿Control sobre los precios  o control sobre las corporaciones?

1193-494x371Osvaldo Calello.
(21/diciembre/2013).

El gobierno se encamina a establecer un pacto social con vistas a contener la inflación que se ha instalado en niveles que no bajan del 25 %. Luego del fracaso del último acuerdo de precios, ha decidido reducir a 187 la cantidad de productos de primera necesidad cuyos valores quedarán estables, le quitó a la militancia la facultad de fiscalizar precios y existencias y se la otorgó a los inspectores de la AFIP, aunque también anunció que habrá “control popular”.

Al mismo tiempo hizo saber a los sindicatos afines su pretensión de establecer un tope a las negociaciones salariales. La CGT oficialista dio cuenta de esta situación declarando en un comunicado que el país atraviesa un “momento crítico”, y reclamó que “continúen vigentes las paritarias libres en las negociaciones salariales”. El comunicado fue difundido inmediatamente después de una reunión con el nuevo jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Por provenir de la fracción alineada con la política del gobierno, la advertencia y el reclamo, revisten especial significación. La burocracia sindical sabe muy bien, que lo que está en discusión es cómo se repartirán los costos de un ajuste que, de una u otra forma,  el gobierno habrá de realizar para corregir, aunque sea parcialmente, los crecientes desequilibrios del “modelo”.

Sobre el verdadero alcance del acuerdo entre el Estado y los supermercadistas y sus proveedores, basta prestar atención a las declaraciones formuladas por Capitanich, y el ministro de Economía, Alex Kiciloff durante la ceremonia de firma del convenio. Mientras el primero afirmó que se “va a trabajar en el control fiscal y popular”, el segundo aclaró que no se trata de “un congelamiento ni es un congelamiento con control del precios, sino básicamente es un acuerdo voluntario de control de precios entre el Estado nacional y los principales actores del sector. Porque los controles no son exitosos”.

Por supuesto, los grupos oligopólicos se habían adelantado a los acontecimientos y remarcaron a toda marcha durante las últimas semanas. En verdad esta conducta no es nueva: constituye la respuesta habitual cada vez que se aproxima algún tipo de convenio que imponga un congelamiento de precios. Si se lo hicieron al peronismo en 1973, antes de firmar el Pacto Social, a través del cual el gobierno de Cámpora buscaba reconstituir el frente de clases entre los trabajadores y la burguesía nacional, ¿por qué no habrían de repetirlo en la situación actual?

La política del kirchnerismo consistente en mantener determinado nivel de consumo popular, sin abordar los desequilibrios de fondo tocando intereses que son propios de las clases poseedoras, ha encontrado un obstáculo insalvable en la negativa de la burguesía de responder con nuevas inversiones a la presión de la demanda; por el contrario, en estos casos la lógica empresaria consiste, invariablemente, en aprovechar el momento ajustando vía precios.

El gobierno no controla el flujo inversor empresario, pero tampoco controla los eslabones críticos de la cadena del proceso de formación de precios. Sin este último control, cualquier acuerdo que establezca con el gran capital es poco menos que ilusorio. Los límites de fiscalización por parte de la burocracia estatal ya se pusieron en evidencia durante la gestión del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuyas presiones y amenazas, en definitiva, podían afectar la sensibilidad de los “sufridos” empresarios, pero no hacía mella en su comportamiento especulativo. A la luz de la prolongada experiencia que ha acumulado el país en la materia, un “acuerdo voluntario de control de precios” con el capital monopólico, es poco menos que una burla. Mientras las grandes corporaciones fabricantes de insumos básicos, desde el acero a las materias primas de la industria de la alimentación, mantengan el control sobre los mecanismos de la formación de precios, el principal foco inflacionario quedará fuera del radio de la influencia estatal.

Dónde aplicar el control

Ese control debe pasar a formar parte de una planificación democrática de la economía y ser ejercido conjuntamente por el Estado, los trabajadores y las organizaciones de base de origen popular. Sin embargo, la pequeña burguesía kirchnerista no está dispuesta a llevar las cosas a ese punto. Esta negativa quedó en evidencia dos años atrás, cuando el gobierno rechazó finalmente el proyecto de la CGT, presentado por el diputado Héctor Recalde, estableciendo la participación de los trabajadores en la distribución de las ganancias. El artículo 18 de ese proyecto establecía que los sindicatos podrían fiscalizar la información proporcionada por las empresas y requerir la totalidad de la información complementaria y documentación respaldatoria que considerasen necesario. La exigencia era de cumplimiento obligatorio. El proyecto de ley fue presentado en septiembre de 2010 y la reacción de las grandes cámaras patronales de la industria, el comercio, la construcción, la propiedad terrateniente, la banca y la bolsa, fue inmediata. Mediante una declaración expresaron su rechazo categórico al proyecto, “máxime cuando se comprueba que avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales del derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita, al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido, muy superiores a la de los propios accionistas”. El presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, “redondeó” estas consideraciones con una comparación apabullante: “Argentina se parece a Cuba”, afirmó.

La gran burguesía nativa, asociada al capital imperialista, no estaba dispuesta a que le tocaran parte alguna de sus ganancias, consideradas derecho exclusivo del capital frente a la fuerza de trabajo; pero mucho menos estaba dispuesta a aceptar que los representantes sindicales tuvieran acceso a sus libros contables, donde podían quedar registros de prácticas empresarias que no resultaba oportuno difundir. Por ese entonces, la AFIP había denunciado que grandes corporaciones de la industria automotriz y de la alimentación, se valían de distintos artilugios para disimular ganancias y evadir impuestos.

Desde un comienzo, el proyecto de la CGT no sólo tuvo que enfrentar el rechazo de las cámaras patronales y de los grupos periodísticos afines, sino también la resistencia que se fue formando en las filas del kirchnerismo ante un cuadro de conflicto en ciernes. Finalmente, en noviembre de 2011, durante un encuentro de la UIA, Cristina Fernández, se sumó a la posición de las patronales, declarando que la cuestión de la distribución de las ganancias la debían resolver los empresarios y los trabajadores “ya que no la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento”.

Más allá del discurso, hay un orden de intereses de clase que el kirchnerismo no está dispuesto a tocar. Y, sin embargo, si no se pone discusión el derecho absoluto que el capital cree tener sobre el trabajo de la sociedad; derecho cristalizado en un régimen de propiedad que le otorga el dominio exclusivo sobre los procesos de producción y circulación de la vida económica, ni siquiera acuerdos modestos como el de mantener por un tiempo estables los precios de productos básicos, tienen garantía de cumplimiento.

http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/control_sobre_los_precios_o_control_sobre_las_corporaciones/

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